La falsificación, alteración, simulación o modificación de alguno o de todos los elementos esenciales de un documento, tanto público como privado, suponen un delito de falsedad documental, un hecho muy grave castigado con penas de prisión y multas muy elevadas. La infracción puede producirse si se altera el documento en alguno de sus elementos, como una firma; si se reproduce todo o un fragmento de él; si se describen o atribuyen actos o intervenciones falsas a terceras personas; y si se falta a la verdad en la narración de los hechos. Para demostrar esa falsedad suele ser necesaria la participación de un detective privado y de un documentólogo, que pueden ser la misma persona en muchas ocasiones, que actúen como testigos documentados.
Es necesario distinguir entre la documentoscopia, que analiza la falsedad documental, y la pericia caligráfica, que es el estudio de la escritura aplicada a la investigación criminal a través de métodos y técnicas grafológicas y grafotécnicas con el objetivo de observar y comparar la grafía, la redacción y la caligrafía para determinar el autor de un texto manuscrito o un firma cuya autenticidad se ha puesto en cuestión. También es importante diferenciarla de la grafología, cuyo objetivo pretende describir la personalidad de un individuo y determinar características generales del carácter, tales como su equilibrio mental, la naturaleza de sus emociones, su tipo de inteligencia y sus aptitudes profesionales mediante el examen de la escritura.
Méndez Baquero define la documentoscopia como “la técnica que trata de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad de escritos y documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores”. Una especialidad que los autores José y Celso del Picchia consideran como “la disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos”.
El artículo 26 del Código Penal recoge que “a los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”. Dependiendo del tipo de documento falsificado, existen cuatro tipos de falsificación documental que cuentan con penas distintas en función de su gravedad y del sujeto que comete el delito y que será necesario demostrar ante los jueces con la ayuda del trabajo de un investigador privado y documentólogo: de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación; de documentos privados; de certificados; y de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
Algunos de los campos de estudio de las prácticas documentológicas por parte de una agencia de detectives son analizar papeles, tintas e instrumentos escritos para realizar identificaciones, comparaciones y dataciones de esos elementos; determinar falsificaciones y alteraciones en papel moneda, cheques, títulos y cédulas, DNI y pasaporte…; identificar estampas de sellos e instrumentos selladores; esclarecer la presencia de alteraciones documentales tales como agregados, sustituciones, eliminaciones; estudiar los diversos sistemas de impresión (litográfico, calcográfico, tipográfico, offset); determinar la autenticidad de las etiquetas de productos comerciales para certificar su falsedad…
Para identificar al autor de la presunta falsificación será indispensable para el detective privado contar, además de con el documento cuya autenticidad esta puesta en entredicho, con otro documento que no albergue duda alguna sobre su autenticidad y que pueda considerarse como infalsificable. De no contarse con un documento así, solo podrá determinarse si la escritura es la misma en los dos documentos comparados, pero será imposible determinar la autoría.
En IPS detectives, Agencia de Investigaciones y Peritos Judiciales, cuentan con profesionales expertos en documentoscopia con una amplia experiencia en diversos Juzgados de Andalucía occidental. Uno de ellos, Luis Lara Ortiz, investigador privado con una contrastada práctica como perito calígrafo y documentólogo, desempeñó con anterioridad el cargo de Suboficial del Gabinete de Grafística de los Laboratorios de Criminalística de la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía, con sede en Sevilla, llevando a cabo pericias caligráficas para todos los Juzgados de Andalucía.
